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El elevado volumen de normativa así como la complejidad de la misma ha hecho que, en muchas ocasiones, sea imposible el control de la misma en cuanto a la posible afectación a la actividad que estamos llevando a cabo. Es por ello por lo que el control interno de cumplimiento con la legalidad se está imponiendo como un mecanismo indispensable para evitar problemas de toda índole en la llevanza de una sociedad.

Así, en fecha 30 de Marzo de 2015 fue aprobada la Ley Orgánica por la que se procedía a la modificación del Código Penal. Pues bien, esta profunda modificación ha venido a asentar el Legal Compliance como un instrumento de obligatoria observación por parte de todas las empresas, personas jurídicas o no (afecta también a los trabajadores autónomos y entidades sin personalidad jurídica), sin el cual, en caso de cualquier incidencia, pueden ver como la empresa o actividad que están llevando a cabo puede estar seriamente comprometida.

Esta normativa, apoyada en la aplicación novedosa de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la modificación del Código Penal operada en el año 2010, determina que, si no se cumplen con diversos requisitos de Control Legal Interno, la comisión de un delito por la persona jurídica a través de sus representantes o de personas físicas dependientes de la misma puede conllevar condenas para la sociedad consistentes en pérdidas de subvenciones, multas, suspensión de actividad e, incluso, la disolución y liquidación de la misma.

Sin embargo, en esta última modificación, el Código Penal que será aplicado a partir del día 1 de Julio de 2015, establece el modo en que la empresa podría verse exonerada de cualquier tipo de responsabilidad penal y por lo tanto, no podría ser condenada. Para ello, establece una serie de condiciones que deben cumplir y sin cuya observación estarán expuestos a unas sanciones que pueden llevar a la empresa a su desaparición:

  • Elaboración de un Programa Compliance o Modelo de Organización y Gestión con medidas de vigilancia y control para evitar delitos
  • Creación de la figura del Chief Officer Compliance o Comité Ético que supervise el cumplimiento del Modelo.
  • Demostración de que los autores de la comisión del delito han eludido fraudulentamente el Modelo de Organización y Gestión
  • Creación de un Canal autónomo de Incidencias e Información
  • Actualización y Renovación periódica

La acreditación del cumplimiento con todas y cada una de las condiciones establecidas por el Código Penal es el mejor seguro de que una empresa no va a verse afectada por la mala práctica de sus representantes, sus apoderados o sus trabajadores siendo además, la acreditación del cumplimiento legal exigido, un importante aspecto que favorecerá la contratación con otras empresas.

Con este modelo, como se ha dicho más arriba, no se trata de garantizar al cien por cien la imposibilidad de que se cometa un delito. Se trata simplemente de que la empresa esté en condiciones de demostrar que ha hecho lo posible para evitar la comisión de hechos punibles y que, si pese a todo, se ha producido un delito, ello no se haya debido a una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control, sino a que el autor individual haya eludido fraudulentamente los modelos de organización y prevención implantados.

De ahí la conveniencia de implantar este tipo de modelos de prevención, pues a partir del próximo día 1 de julio 2015 la empresa que no lo tenga, no podrá verse libre de responsabilidad penal por determinados delitos que se cometan dentro de su ámbito de organización.

Desde DCA les queremos ofrecer los servicios necesarios para poder implantar y adaptarse correctamente, facilitando la formación de su personal y equipo directivo a la nueva normativa.

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